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Los abogados ocupamos una posición fundamental en la defensa de los DD.HH. ya que la mayor parte de las vulneraciones de estos derechos implican la violación de normas vigentes frente a las que se puede accionar activando los mecanismos adecuados de denuncia e impugnación, ante instancias nacionales o internacionales, en las que resulta muy recomendable (e incluso, en muchos casos, obligatoria), la intervención de un abogado.
En este sentido, el artículo 14 de los Principios Básicos sobre la función de los Abogados, aprobados en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (1990), establece que
«Los abogados, al proteger los derechos de sus clientes y defender la causa de la justicia, procurarán apoyar los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por el derecho nacional e internacional, y en todo momento actuarán con libertad y diligencia, de conformidad con la ley y las reglas y normas éticas reconocidas que rigen su profesión».
Los abogados y abogadas que formamos parte de esta iniciativa estamos comprometidos, especialmente, con los más desfavorecidos, los más vulnerables, marginalizados y excluidos de las políticas institucionales por lo que la defensa Pro bono de sus derechos goza de prioridad absoluta en esta iniciativa.
