En nuestra jerga procesal se dice que “justicia retardada es justicia denegada”, justa y acertada definición de que la administración de justicia si bien es cierto que no debe ser comprimida, mucho menos dilatada injustificadamente mediante técnicas procesales que procuran hacer interminables asuntos que en buen derecho pueden y deben ser resueltos con inmediatez.
En este sentido, esperemos que el Tribunal de Instancia e Instrucción nº. 1 de Elda (Alicante) que ha aplazado hasta el 4 de febrero de 2026 las declaraciones del exministro y exvicepresidente del Gobierno Rodolfo Martín Villa y del agente de la Policía Armada Daniel Aroca del Rey, investigados por la muerte a tiros del joven de 20 años Teófilo del Valle, que tuvo lugar en la ciudad alicantina el 24 de febrero de 1976, con lo que se convirtió en la primera víctima mortal de la Transición, llegue a tiempo de aplicar justicia -por las edad de ambos querellados- y no nos hagan otro caso Pujol…
Al parecer el cambio se debe a problemas de logística en los Juzgados de Albacete y Madrid, sedes en las que debían comparecer ambos investigados para prestar declaración mediante videoconferencia. El Tribunal de Instancia de Elda comunicó esta circunstancia a las partes personadas el viernes 14 de noviembre por la tarde.
Por otro lado, la jueza ha desestimado el recurso de apelación presentado hace unos meses por Martín Villa, de 91 años, contra el auto que admitió a trámite la querella. La apelación de quien era en el momento de los hechos ministro de Relaciones Sindicales del Gobierno de Arias Navarro obtuvo un informe desfavorable por parte del fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía Provincial de Alicante.
Teófilo del Valle trabajaba en el sector de la piel para el calzado en Elda, uno de los principales núcleos zapateros de la provincia de Alicante, junto a Elche y Villena. Poco antes de la medianoche del 24 de febrero de 1976 , durante una marcha que reivindicaba mejores condiciones laborales y un convenio colectivo para su gremio, fue acorralado por agentes de la Policía Armada, los grises, y acribillado a balazos por la espalda. Falleció en pocos minutos.
Tras su muerte, una huelga del sector paralizó la comarca del Vinalopó. Más de 20.000 personas secundaron la huelga y los homenajes al trabajador asesinado. Desde 2019, una plaza de Elda está destinada a su memoria.
Según la investigación posterior, fue Martín Villa quien envió a los grises a reprimir las protestas de los trabajadores eldenses del calzado. Y Aroca, quien disparó las seis balas -una de ellas en la nuca- que acabaron con la vida del joven manifestante. De hecho, Aroca fue juzgado por un tribunal militar en un consejo de guerra que finalmente lo absolvió, porque consideró que había obrado “en cumplimiento del deber”. La investigación ha puesto de manifiesto las irregularidades impuestas en el juicio militar contra el policía, que apenas pasó por la cárcel, ya que solo cumplió dos meses de prisión atenuada por lo ocurrido, entre ellas que no se dejó a los familiares tomar parte con un abogado ni tampoco, incluso, acudir a la vista oral.
En España se han presentado 115 querellas por crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo y la Transición. Pero la de la familia Del Valle es la primera que se admite a trámite en un juzgado y actualmente está en fase de instrucción.
La declaración de Martín Villa se convertirá en la primera que protagoniza un implicado en la represión de la dictadura antes y después de la muerte de Franco y la llegada al trono de Juan Carlos I. Desde noviembre de 1975 hasta 1982, los diferentes cuerpos policiales causaron 132 muertes violentas.
Porque aún creemos en la Justicia confiamos que la causa penal contra el exministro y el expolicía siga avanzando y que la instrucción prosiga con el objetivo de establecer una verdad judicial y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Conseguir verdad, justicia y reparación para todas aquellas personas que sufrieron represión en la lucha por las libertades y contra la dictadura es esencial para establecer la verdad histórica, fortalecer nuestro sistema democrático y evitar la repetición de estos crímenes.
