Un reciente informe de la fundación Josep Carreras nos muestra el testimonio de 400 jóvenes de entre 18 y 35 años diagnosticados de leucemia aguda y linfomas (entre 4.500 y 5.000 casos al año en esta franja de edad en España), a fin de “determinar el impacto en la vida de los pacientes que consiguen salir adelante”. Cerca de la mitad de los encuestados (47%) refiere dificultades para solicitar un crédito. El 83% manifiesta que ha tenido problemas para contratar un seguro de vida y el 73% para firmar una póliza de decesos.
Hace un año el Parlamento Europeo instó a que, antes del 2025, todos los países garanticen el derecho al olvido oncológico. “Las aseguradoras y los bancos no deben tener en cuenta el historial médico de las personas afectadas por el cáncer”, indica la propuesta, que pretende garantizar que los supervivientes “no sean discriminados en comparación con otros consumidores”. La mayor parte de los Estados miembros han adoptado esta garantía legal. Francia fue pionera, en el 2017, en el reconocimiento de un derecho que beneficia, en general, a los pacientes después de 10 años sin recaída. Este plazo se rebaja a 5 años después de haber finalizado el protocolo terapéutico para los cánceres diagnosticados antes de los 15 años de edad. Sus condiciones de acceso a préstamos y seguros no se ven afectadas por recargos o tasas de interés más elevadas. Además, la ley incorpora una tabla de referencia que establece, enfermedad por enfermedad, el tiempo máximo para que las personas puedan acceder a estos productos en las mismas condiciones de las que no han parado por un cáncer.
En España, la Ley 4/2018 prohíbe discriminar en la contratación de seguros a una persona por tener VIH u otras condiciones de salud, si bien no especifica qué son “otras condiciones de salud”.
España es de los pocos países de la UE que aún carece de una regulación específica para blindar el acceso a productos financieros como préstamos, hipotecas o seguros para los supervivientes de cáncer.
