El próximo 20 de mayo marcará un cambio en la política migratoria de España con la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería.
El fenómeno migratorio es una de las cuestiones más relevantes en la actualidad. La última reforma legislativa en materia de extranjería, fruto de intensos debates y consultas con organismos públicos, administraciones locales y autonómicas, ONG y expertos, introduce cambios significativos para modernizar y agilizar los procesos de residencia y los derechos de las personas migrantes en el país. No obstante, también plantea importantes desafíos y preocupaciones jurídicas y sociales, generando un amplio debate público.
Entre los principales cambios introducidos destacan:
La introducción de un visado para la búsqueda de empleo. Este visado está diseñado para aquellas personas que poseen formación en sectores con alta demanda de empleo en España, igualmente disponible para personas descendientes de nacionales de origen.
Por otro lado, las personas que están estudiando o formándose en España, tendrán más flexibilidad para acceder al mercado laboral, ya que se promueve que su estancia de estudios pase a un permiso laboral sin tantos obstáculos.
Simplificación de trámites, formularios más claros, reducción de documentos requeridos y un plazo máximo de tres meses para la resolución de solicitudes.
Con la reforma, también se reduce el tiempo de estancia requerido de tres años a dos años para todas las figuras de arraigo.
También se incluyen medidas especiales para personas en situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos ahora tienen acceso directo a permisos de residencia y trabajo.
Además, es importante destacar que el tiempo transcurrido como solicitante de protección internacional no cuenta para las autorizaciones de arraigo, y no se puede ser solicitante de protección internacional en el momento de la solicitud. En este sentido varias ONGs, entidades sociales y sociedad civil, han mostrado su preocupación, ya que esta exclusión prolongará la irregularidad administrativa de estas personas, además, esta medida actúa como un factor disuasorio para la solicitud de asilo, afectando negativamente la integración social de estas personas.
Como nuevas modificaciones de aplicación, se introduce el arraigo laboral, que flexibilizan los requisitos para regularizar a personas que hayan trabajado en condiciones precarias, aunque persisten desafíos como la falta de protección ante la explotación laboral y la dificultad para probar la continuidad del empleo. Sobre la modalidad del arraigo socioformativo, permite la regularización de quienes han residido en España durante un tiempo determinado y han realizado estudios o formación (por ejemplo, formación profesional, programas de inserción laboral o educación), sin necesidad de acreditar empleo formal. Sin embargo, presenta ciertas preocupaciones, como el acceso limitado a programas de formación y la desigualdad en la valoración de la formación.
Respecto al arraigo familiar, también se han introducido nuevos cambios como la ampliación de plazos, y menos requisitos, no se exige empleo formal ni años de residencia, facilitando la reunificación con vínculos familiares directos. Sin embargo, esta figura esta mas limitada que en la normativa anterior.
Y por último arraigo de segunda oportunidad, que está destinado a personas que hayan perdido su residencia legal en los dos años anteriores a la solicitud y necesitan una vía para regularizarse. Es una herramienta clave para abordar la irregularidad sobrevenida y facilitar la reintegración.
La protección de los derechos humanos es un pilar fundamental de la nueva normativa, y en este contexto, diversas entidades y colectivos han presentado recursos ante el Tribunal Supremo debido a preocupaciones jurídicas relacionadas con la vulneración de principios constitucionales y derechos fundamentales de las personas en movimiento, que consideran comprometidos con la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería.
El futuro de la política migratoria en España dependerá de cómo se resuelvan estos recursos y de si el reglamento final logra equilibrar las necesidades de seguridad y control con el respeto a los derechos fundamentales de los migrantes. La vigilancia de las organizaciones y colectivos sociales y jurídicos será crucial para asegurar que la legislación cumpla con los principios constitucionales y proteja a las personas en situación de movimiento y vulnerabilidad.
Carmen Toro, abogada.
