Numerosos cuarteles y bases militares aún no han retirado el fibrocemento y otros elementos que contienen amianto, un material declarado cancerígeno por la OMS, tajante en su valoración sobre los efectos: “El asbesto causa cáncer de pulmón, laringe y ovario, mesotelioma (cáncer de pleura o peritoneo) y asbestosis (fibrosis pulmonar)”. Respecto a esto no hay exposición segura, una sola puede provocar la enfermedad que puede estar latente decenas de años, provocando la muerte en diferido.
El riesgo para la salud del amianto ya se sabía desde 1920 y en 1960 ya se relacionó con el mesioteloma. Sin embargo, se siguió utilizando en construcciones, tuberías, techados, como aislante en muros, depósitos de agua e incluso en filtros de cigarrillos… En España, este asesino silencioso tuvo sus años de máxima utilización en los años comprendidos entre la década de los 60 y finales de los 90. En 2002, diez años más tarde que en otros países del entorno, se prohibió en España la “extracción, importación y colocación de amianto”.
Sin embargo, muchos techos y cubiertas, así como materiales aislantes en paredes, muros, tuberías… contienen amianto en cuarteles del Ejército de Tierra, de la Guardia Civil, en bases navales de la Armada, bases aéreas del Ejército del Aire, así como en edificios administrativos del Ministerio de Defensa. La rotura de placas de amianto, componente principal de los conocidos tejados de uralita y tuberías antiguas, provocan enfermedades como fibrosis, cáncer de pulmón y de laringe, mesotelioma y un largo etcétera que en muchas ocasiones se manifiestan hasta con 15 años de retraso.
En este sentido, en la actualidad, hay proyectos de obras para eliminar el legado tóxico en diferentes bases militares.
En la base de Retamares, la Jefatura de Seguridad y Servicios, a través de su Unidad de Obras, va a retirar cubiertas por esa amenaza del amianto. Ya en 2024 se tramitó un contrato sobre esos edificios.
El Ejército de Tierra detectó este material potencialmente cancerígeno en la base de El Goloso, al noroeste de Madrid, que acoge a buena parte de las unidades de la Brigada ‘Guadarrama’ XII.
Hace unos meses aprobó contratar a una empresa para demoler los tinglados donde se guardan los vehículos del Regimiento Acorazado ‘Alcázar de Toledo’ nº 61.
El Acuartelamiento Santa Ana, de Cáceres, acoge el Centro de Formación de Tropa (CEFOT) nº 1, donde se forman los nuevos soldados del Ejército de Tierra.
En esa base ya hubo trabajos de retirada de amianto, pero aún queda por hacer. La Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra adjudicó en agosto por 427.112,33 euros un contrato de “sustitución de varias cubiertas de fibrocemento con amianto”.
La Base El Empecinado, en Santovenia de Pisuerga (provincia de Valladolid), va a registrar la retirada de fibrocemento en las instalaciones del segundo escalón de ruedas.
La Armada también ha activado varios proyectos de retirada de amianto; uno de ellos, en el Arsenal de Cartagena. El mismo material contaminante y peligroso para la salud de los militares y civiles que trabajan allí se encuentra en el Arsenal de Cádiz.
En los últimos años se han llevado a cabo trabajos de retirada de amianto, o de análisis de fibras de ese compuesto, en distintos acuartelamientos militares.
El Ejército de Tierra ya hizo movimientos en el CEFOT de Cáceres, así como en la Base de El Copero (Dos Hermanas, Sevilla), en el Acuartelamiento Tentegorra (Cartagena), bases con regimientos de Artillería y Transmisiones.
Además, hubo una alerta por tubos de fibrocemento en una arqueta del Acuartelamiento Aizoáin, en Berrioplano (Navarra), del Regimiento de Infantería ‘América’ 66 de Cazadores de Montaña.
La Armada emprendió la sustitución de una tubería que conducía agua a la Base Naval de La Carraca, en Cádiz, hecha de fibrocemento.
En el Ejército del Aire hubo una alerta importante en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde se encontró amianto en muchas tuberías.
También ejecutó tareas de desamiantado en las bases de Canarias, en Villanubla (Valladolid) y en La Virgen del Camino (León). Y contrató a una multinacional de servicios de inspección para analizar las instalaciones de Cuatro Vientos (Madrid).
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha hecho lo propio en el polígono de instrucción de la base de Torrejón.
Ante este escenario, a comienzos de 2023, el Ministerio de Defensa se vio obligado a reconocer la muerte en acto de servicio de 83 militares por exposición al amianto ocurridas durante las últimas dos décadas. La cifra de fallecidos es, al menos, seis veces superior a la registrada en el Metro de Madrid, donde sindicatos y trabajadores han peleado durante años para que se reconocieran como enfermedades profesionales las derivadas de la inhalación de fibras de asbesto o amianto. El contacto con este mineral puede producir asbestosis (fibrosis pulmonar), mesotelioma pleural y cáncer de pulmón, entre otras afecciones mortales.
Defensa ha reconocido una media de entre cuatro y cinco muertes anuales por exposición al amianto, aunque la fecha no corresponde al año de fallecimiento, sino al de conclusión del expediente.
La asbestosis o infección pulmonar por inhalación de fibras de amianto no es una enfermedad profesional reconocida todavía en las Fuerzas Armadas, pero sí se pueden ejercer reclamaciones si hay una enfermedad diagnosticada y una exposición demostrada al amianto en acto de servicio.
El trámite usual es solicitar este reconocimiento mediante expediente administrativo y si es denegado debe acudirse a la vía contencioso-administrativa.
El reconocimiento de la muerte en acto de servicio no solo da lugar a una pensión extraordinaria (doble de la ordinaria), sino también al pago de una indemnización, más allá del seguro de vida con que cuentan todos los militares, si se considera que el Estado tiene responsabilidad en la muerte o enfermedad profesional. La mayoría de los que han sido reconocidos por Defensa han cobrado entre 100.000 y 120.000 euros, en el caso de las viudas, y 10.000 euros por hijo.
No sólo los propios afectados pueden reclamar sino también sus familiares en caso de fallecimiento o militares que hayan tenido que retirarse del servicio por haber recibido daños en su salud. De hecho, en muchos de los 83 casos reconocidos por Defensa en 2023, han sido precisamente las viudas de los fallecidos, en reclamación de una pensión extraordinaria de viudedad, quienes iniciaron el proceso, acogiéndose a un fallecimiento como consecuencia directa del servicio que prestaban sus maridos.
Jurídicamente la cuestión se centra en demostrar la relación causal directa y exclusiva, causa-efecto, entre la enfermedad y el amianto. Defensa se remite a los informes del Consejo de Estado para calificar o no la muerte como “en acto de servicio”.
Recientemente, el 17 de junio de 2025, se aprobó por el Gobierno el procedimiento para reconocer a las víctimas de la exposición al amianto una compensación económica como consecuencia de los daños y perjuicios producidos sobre su salud. Este Real Decreto, que entró en vigor a los tres meses de su publicación, aprobó el desarrollo reglamentario de la Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.
El texto reconoce la condición de beneficiario a quien haya obtenido el reconocimiento administrativo o judicial firme de una pensión de incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional ocasionada por el amianto; tengan derecho de cobro a una indemnización, por sentencia judicial firme -siempre que no hubieran podido ejecutar la sentencia total o parcialmente- o los no incluidos en los apartados anteriores que padezcan una enfermedad de las recogidas en el anexo de este Real Decreto, en virtud de determinadas circunstancias. Asimismo, también serán beneficiarias las personas causahabientes de quienes tengan reconocida esta condición (ya que son los que reciben los derechos de otros).
Entre los requisitos para solicitar la compensación económica figura el que el daño ha de derivar de alguna de las patologías producidas por la exposición al amianto que se relacionan en el Anexo II del RD (mesotelioma, cáncer de pulmón o de laringe o asbestosis con repercusión funcional moderada o severa).
Procedimiento
Los interesados deben solicitar a la Consejería de Salud u organismo análogo correspondiente de su Comunidad autónoma el certificado del diagnóstico de patologías derivadas de la exposición al amianto.
Una vez que el organismo emita el certificado que acredite que existen las patologías previstas y que han sido causadas por la exposición al amianto, podrán presentar la solicitud de la compensación o indemnización al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), mediante la cumplimentación de un formulario que se habilitará en la sede electrónica.
Para determinar la cuantía, el INSS aplicará el baremo establecido en función de las patologías derivadas de la exposición al amianto. Este importe se ha fijado tomando en consideración la cuantía media por año de la pensión de incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedades profesionales, a fecha 31 de diciembre de 2024. El resultado es el siguiente:
• Asbestosis: 32.207,08 euros
• Cáncer de laringe: 48.310,62 euros (importe de referencia por 1,5)
• Cáncer de pulmón: 64.414,16 euros (multiplicado por 2)
• Mesotelioma: 96.621,24 (importe de referencia por 3)
En el caso de que el afectado sufra varias patologías se aplicará el baremo que corresponda a la de mayor gravedad.
La resolución se emitirá en el plazo de 6 meses desde el registro de la solicitud. Si, en este plazo, no hubiese respuesta expresa, el silencio se entenderá negativo y, por lo tanto, no se reconocerá el importe de la compensación al solicitante.
Si sufre alguna enfermedad causada por el asbesto o amianto, como mesotelioma, nuestros abogados pueden evaluar su caso y, de ser factible, ayudarle a tomar acciones legales en defensa de sus derechos.
