La nueva Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que en estos se días se publicará en el BOE tras su aprobación definitiva el pasado día 30, incluye una importante novedad que muchos colegiados/as esperaban: por primera vez, se garantiza a los usuarios de la justicia el derecho a conocer de antemano los honorarios de los abogados y los costes asociados a un proceso judicial.
En concreto, la norma, en su artículo 6.2., reconoce el derecho a la información en los siguientes términos: Los titulares del derecho de defensa tienen derecho a ser informados de manera simple y accesible sobre “Las consecuencias de una eventual condena en costas, a cuyo efecto los colegios de la abogacía podrán elaborar y publicar criterios orientativos, objetivos y transparentes, que permitan cuantificar y calcular el importe razonable de los honorarios a los solos efectos de su inclusión en una tasación de costas o en una jura de cuentas. Tanto los profesionales de la abogacía como los titulares del derecho de defensa tienen derecho al acceso a dichos criterios”.
Antes de la decisión del Supremo, los colegios de abogados ofrecían criterios orientativos no vinculantes, que servían para orientar tanto a clientes como a abogados sobre las posibles consecuencias económicas de los procedimientos judiciales. La decisión del Supremo, al considerar contrarios a la competencia los criterios de honorarios de los colegios de abogados, supuso una transformación profunda en el sistema de tasación de costas procesales y creó una gran incertidumbre jurídica para abogados y ciudadanos, quienes, sin esta referencia, no podían prever el impacto económico de un litigio.
Ahora, la Ley del Derecho de Defensa consagra este derecho. Los ciudadanos podrán prever los costes judiciales gracias a los nuevos criterios orientativos y decidir, con información clara, si desean iniciar o no un proceso judicial. La medida también asegura que el sistema judicial español se adapte a las normativas europeas, que ya defienden la importancia de tarifas orientativas en otras profesiones.
Con la norma apunto de entrar en vigor queda por decidir si los colegios crearán estos criterios o lo harán los Consejos autonómicos.
