El Tribunal Supremo (TS) juzga desde este lunes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por, presuntamente, filtrar a la prensa un ‘email’ clave sobre las negociaciones de Alberto González Amador -novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso- para pactar con el Ministerio Público, tesis que sostendrán el empresario y seis acusaciones populares, y que rechazarán la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa, y Fiscalía.
La acusación del presunto perjudicado, González Amador, cuya querella precipitó el inicio de las pesquisas en el TSJM, pide que García Ortiz sea condenado a 4 años de cárcel, que se le suspenda tres años de empleo y sueldo, y que sea inhabilitado por un presunto delito de revelación de secretos. También le reclama una multa de 108.000 euros y otros 300.000 euros en concepto de daños morales, por los «padecimientos» familiares y profesionales que asegura que le ha provocado la difusión de las negociaciones de su defensa para pactar con Fiscalía. No ha pedido responsabilidad civil subsidiaria del Estado.
Además, la causa cuenta con seis acusaciones más.
1.- Por un lado, están la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y Manos Limpias, que actúan de forma independiente.
APIF ha interesado la condena más alta para García Ortiz. Pide que sea sentenciado a 6 años de cárcel y 12 años de inhabilitación por delitos que van más allá de la revelación de secretos, apuntando en concreto a prevaricación. En su caso no pidió responsabilidad civil «al entender que corresponde en exclusiva a la víctima».
El ICAM plantea que el fiscal general sea condenado por revelación de secretos a 4 años de cárcel, suspendido de empleo y sueldo durante tres años e inhabilitado, y que pague una multa de 81.000 euros.
Manos Limpias solicita igualmente que el Supremo condene por ese delito a García Ortiz a 4 años de cárcel, le suspenda de empleo y sueldo durante tres años y le imponga el pago de una multa de 216.000 euros.
2.- Por otro, la acusación popular unificada que lidera la Fundación Foro Libertad y Alternativa, y que incluye a Vox y Hazte Oír.
En cuanto a la acusación popular unificada, Fundación Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oír y VOX, aprecian la comisión de un delito de revelación de secretos y otro de prevaricación que creen que debería traducirse en una condena a 4 años de cárcel, esos tres años de suspensión y pena de inhabilitación.
¿Quiénes son las seis acusaciones?
En cuanto a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), se trata de una asociación muy minoritaria en la carrera fiscal. Cuenta con un solo representante en el Consejo Fiscal, el máximo órgano consultivo del Ministerio Público, frente a los dos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que formó parte García Ortiz hasta que se convirtió en fiscal general, y los seis de la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales (AF). Tras la imputación del fiscal general, ésta última solicitó su dimisión pero, a diferencia de APIF, no se personó como acusación en la causa que se sigue contra él en el Supremo. Salvador Viada, su presidente, ha mostrado en los últimos meses una especial animadversión hacia García Ortiz, convirtiéndose en una de las principales herramientas de los medios y colectivos conservadores para atacar al que todavía es su jefe. «Nos han aplicado un 155 encubierto», dijo en Onda Cero cuando le preguntaron por las discrepancias entre los fiscales del Supremo sobre si investigar a Puigdemont por terrorismo. En otra entrevista publicada por Abc, aseguró que «la Fiscalía no puede estar dirigida con un mando a distancia desde el Gobierno» y acusó a García Ortiz de haber sido nombrado fiscal general «eligiendo [el Gobierno] al más amigo para que me arregle problemas concretos». La defensa jurídica de la querella presentada por APIF contra el fiscal general la lleva el abogado Juan Antonio Frago. Frago es fiscal en excedencia y también fue presidente de la asociación que ahora dirige Viada. Se trata del primer miembro del Ministerio Público que fue expulsado de la carrera en democracia. Ocurrió en 2013, mientras era fiscal general el conservador Eduardo Torres-Dulce, nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque meses después de su separación del servicio, la Audiencia Nacional la revocó al considerar que el procedimiento disciplinario había vulnerado sus derechos. Además de la expulsión, que luego fue anulada, se le impusieron otras tres sanciones por faltas disciplinarias graves y muy graves de falta de respeto y consideración a sus superiores y a jueces y magistrados. Estas multas, por un montante de 4.350 euros, no fueron revocadas. A Frago, que decidió hace tres años colgar la toga y saltar a la abogacía, le preguntaron entonces por qué había decidido abandonar la Fiscalía. Respondió que la razón era la imposibilidad de ascender.
Por otro lado, en relación a la personación en el Supremo de el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) como acusación popular contra el fiscal general del Estado, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 14 de Madrid ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo del abogado D. José Luis Mazón contra la decisión del Colegio de la Abogacía de emprender su particular batalla judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En primer lugar, el Colegio debe aportar el expediente con toda la documentación que justifica la presentación de la denuncia contra la Fiscalía. En segundo lugar, el abogado recurrente ha anunciado que presentará en el mismo procedimiento una demanda por la presunta infracción de desviación de poder de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid ya que considera que no entra dentro de las competencias del ICAM presentar «denuncias partidistas». De igual modo, llama poderosamente la atención que el ICAM no haya denunciado -como ha hecho con el fiscal general del Estado- al abogado de González Amador por dar a conocer los correos electrónicos a González Amador y a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, circunstancia expresamente prohibida por el código deontológico de la Abogacía.
Manos Limpias fue fundado en 1995 por Miguel Bernad, funcionario jubilado de 83 años, íntimamente relacionado con la ultraderecha y el Franquismo. Bernad se presentó en las listas de Frente Nacional de la mano de Blas Piñar (quien está reconocido como caballero de la Fundación Francisco Franco) a las elecciones del Parlamento Europeo del 87 y del 89, además de ser su secretario general hasta 1993, cuando se disolvió ante su falta de éxito político. Antes de fundar en el 95 el autodenominado sindicato, Bernad probó con la creación de Derecha Española, un partido político con el que concurrió sin logros a las elecciones municipales de ese mismo año.
La Fundación Foro Libertad y Alternativa está presidida por el antiguo eurodiputado del PP y cofundador de VOX, Alejo Vidal-Quadras. Además, la fundación tiene en su patronato a Julio Ariza, expresidente de Intereconomía y moroso de hacienda (debe más de 20 millones a las arcas públicas), al exministro de Interior de Aznar, Jaime Mayor Oreja, y a una amplia representación de la «oposición venezolana», entre ellos a Miguel Enrique Otero, fundador del diario El Nacional, el principal periódico de la derecha venezolana o Mayra Capriles, heredera del que fuera fundador del conglomerado mediático «Cadena Capriles» y perteneciente al clan venezolano que se está haciendo de oro especulando con viviendas de lujo en Madrid.
Los ultracatólicos de Hazte oir, versión española del Tea Party norteamericano, nacieron en 2001 para defender a Aznar y llegaron a su clímax haciendo campaña contra el aborto y los derechos homosexuales en la época de Zapatero. Llegaron a tener a Rouco de protector, pero hoy han perdido el apoyo de la Iglesia, aunque han redoblado sus campañas contra la igualdad y LGTBi. La plataforma la montó Ignacio Arsuaga, ultraconservador y familiar de Rodrigo Rato, ayudado al principio por amigos de la infancia. Tras ellos parece estar la sociedad secreta El Yunque. En los últimos años, ya sin el apoyo de los obispos, ha sido cuando Arsuaga y sus seguidores han incrementado su beligerancia y lanzado campañas cada vez más duras, en el fondo y en las formas, amenazando a grupos como VIPS o El Corte Inglés y arremetiendo contra gays, lesbianas, mujeres, y, ahora, niños transexuales. Por ejemplo, envió más de 16.000 folletos a los colegios con mensajes homófobos, cargó contra una serie de RTVE que mostraba una boda entre dos mujeres u organizó una conferencia para “sanar” la homosexualidad.
Por último, VOX es una formación política ultranacionalista y ultracatólica, de extrema derecha. A grandes rasgos el partido radical populista no tiene elecciones primarias a candidatos a puestos públicos ni a cargos internos; la continuidad de Abascal como líder no se sometió a votación al término de su último mandato (2020); vulnera la libertad de información, que es una de las bases de la democracia, al vetar a periodistas y medios que considera no afines; quiere ilegalizar a los partidos nacionalistas/independentistas que representan al menos a la mitad de los catalanes y los vascos; quiere imponer a todos los ciudadanos sus concepciones morales sobre aborto, eutanasia o homosexualidad; tiene un discurso islamófobo en torno a la comunidad musulmana residente en España; defiende una retórica xenofoba; antiglobalización y de reconocimiento del cambio climático; es contrario a la Ley de la memoria histórica; al Estado de las autonomías; negacionista de la dictadura franquista; y pretende deportar a ocho millones de inmigrantes y a sus hijos.
