Cada vez más tribunales dan la razón a personas que, asesoradas por sus bancos, suscribieron hipotecas ligadas a seguros que eran más caros que la media del mercado o escondían cláusulas perjudiciales.
En Zaragoza, un juez ha estimado la demanda de una mujer que contrató un préstamo encadenado a un seguro de vida, comercializado por la propia entidad como condición insalvable para acceder al crédito. La justicia ha concluido que la negociación de la póliza no fue transparente y perjudicaba excesivamente a la usuaria: por una financiación de 50.000 euros la clienta pagó 10.000 de seguro. Una cantidad que el propio banco financió y por la que cobró intereses.
Ahora, la prestataria ha conseguido la nulidad del acuerdo y recuperará 8.000 euros. Y no es la única que ha logrado una victoria judicial así. En Jaca (Huesca), dos hipotecados han ganado un reintegro de 5.000 euros tras la anulación judicial de los seguros vinculados a sus hipotecas; en Pamplona, la familia de un hombre fallecido ha conseguido por la vía judicial que la banca le devuelva 10.000 euros en otro caso similar.
El 70% de los seguros ofertados por bancos y firmados antes de 2019 pueden ser abusivos. Las reclamaciones judiciales por este tipo de contratos abarcan desde seguros de incendio hasta seguros de vida, de aseguramiento de pago, de coche o de salud.
Pero ¿en qué consiste esta triquiñuela? Como un producto comercial cualquiera, los bancos pueden exigir la contratación de un seguro como requisito para conceder una hipoteca. Lo que la ley prohíbe, y lo hace de forma expresa desde 2019, es que la banca condicione la concesión de la hipoteca al seguro que ofrece la entidad bancaria. O en otras palabras, que el consumidor se vea en un ultimátum: o mi seguro o nada, y se le cierre la puerta al mercado libre.
Lo común es que los bancos vendan packs de hipoteca más seguro, con el cebo de conseguir un tipo de interés más bajo. Se trata de una práctica legal donde el usuario es libre de elegir si prefiere una hipoteca bonificada (con seguro) o no (sin él). Sin embargo, es una jugada que puede llevar a engaño si al consumidor le ocultan que, con el paso de los años, la póliza será mucho más cara que la media de las aseguradoras.
El caso de la prestataria de Zaragoza ejemplifica uno de los abusos más comunes: la prima única financiada. Son acuerdos donde se paga por adelantado 5, 10 o 15 años de la cobertura de la póliza. Con ello, el banco consigue un doble beneficio: por un lado, vende un producto y cobra por ello, y por otro, financia la prima dentro de la hipoteca, lo que se traduce en un sobreendeudamiento.
