Durante décadas, los aspectos vinculados de una u otra forma a la protección de los secretos de Estado en España han sido percibidos como una cuestión tabú. Lo cierto es que, tras la finalización de la dictadura franquista, y mientras otras leyes preconstitucionales (como la Ley de Prensa de 1966) eran derogadas para dar paso a nuevas disposiciones legislativas más ajustadas al nuevo panorama político, la Ley de Secretos Oficiales de 1968 de 5 de abril, modificada por la Ley 48/1978 de 7 de octubre, solo experimentó ligeras modificaciones propiciadas por su reforma en 1978, y así ha seguido hasta la decisión de esta mañana del Presidente del Gobierno, anunciada a través de ‘X,’ en la que ha comunicado que mañana desclasificará los documentos del 23-F, aunque será efectiva el miércoles 25, mediante Decreto del Consejo de Ministros, coincidiendo con la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Estado, «para saldar una deuda histórica con la ciudadanía». La desclasificación de estos documentos ha estado vinculada en los últimos años al debate sobre la Ley de Secretos Oficiales, una norma heredada del franquismo cuya reforma ha sido reclamada en repetidas ocasiones sin que haya prosperado.
La decisión del Presidente del Gobierno se enmarca en lo que establece la Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales, modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre, que regula la conservación y desclasificación de documentos del Estado. Según esta norma, un auténtico vestigio franquista, los documentos clasificados como secretos oficiales pueden mantenerse bajo reserva hasta un máximo de 50 años, salvo aquellos considerados de «interés vital para la seguridad del Estado». En este caso, el tiempo transcurrido es de 45 años.
La misma ley establece que la desclasificación puede ser autorizada tanto por el Presidente del Gobierno como por el Consejo de Ministros, siendo este último el órgano que aprobará mañana levantar la reserva de estos documentos. Además, la normativa contempla que los documentos secretos pueden hacerse públicos cuando el interés histórico o público supera cualquier posible riesgo para la seguridad. Es evidente que el 23-F, como intento de golpe de Estado, es un hecho de gran relevancia nacional e interés para la ciudadanía y de necesaria memoria democrática.
Estas son las únicas once ocasiones en 58 años en las que España ha desclasificado documentos secretos:
Los «papeles del CESID» sobre la «guerra sucia» contra ETA (GAL)
La primera vez fue el 18 abril de 1997, bajo la presidencia de José María Aznar, después de que el Tribunal Supremo reclamara trece documentos relacionados con la actividad de los GAL en su guerra sucia contra ETA.
Los llamados «papeles del CESID» habían sido sustraídos por el excoronel Juan Alberto Perote, exjefe de la Agrupación Operativa del CESID (el antecedente directo del Centro Nacional de Inteligencia), y fueron incorporados a los sumarios de los casos Lasa y Zabala, Oñaederra y Lucía Urigoitia. El Ejecutivo no solo acató la orden del Supremo, sino que aprobó la desclasificación de todos los papeles sobre la «guerra sucia» contra ETA.
Los informes del CNI de los atentados del 11M
– El Gobierno volvió a desclasificar documentos el 18 de marzo de 2004, cuatro días después de las elecciones generales. Esta vez fueron dos informes del CNI sobre los atentados del 11 de marzo en Madrid.
– El 2 de julio de 2004, el Consejo de Ministros desclasificó o permitió el acceso al contenido de casi todos los documentos reclamados por la Comisión de Investigación sobre los atentados del 11M, salvo seis del CNI sobre su propio funcionamiento y servicios secretos extranjeros.
– El 16 de septiembre de 2005 el Ejecutivo acordó de nuevo una desclasificación de informes secretos para remitir al juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, los documentos relacionados con los atentados del 11M y con el posterior suicidio de supuestos terroristas el 3 de abril de 2004 en Leganés (Madrid) que obraban en poder del Ministerio del Interior y del CNI.
Los vuelos de la CIA con presuntos terroristas detenidos.
El 9 de febrero de 2007 se aprobó la desclasificación de los documentos del CNI solicitados por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, sobre los vuelos de aviones de la CIA en territorio español con presuntos terroristas detenidos.
El accidente de helicóptero en el que murieron 17 militares españoles en Afganistán
El 20 de marzo de 2009 se levantó el secreto a la documentación del accidente del helicóptero Cougar en el que murieron 17 militares españoles en Herat (Afganistán) en 2005.
Los cientos de españoles «desaparecidos» en la dictadura argentina
El 16 de diciembre de 2011 el Gobierno desclasificó documentos archivados en la Embajada y Consulados de España en Argentina sobre varios cientos de españoles desaparecidos en 1970-1980, durante la dictadura militar, así como los expedientes de las denuncias de españoles o sus descendientes por desapariciones forzadas, a petición de la Audiencia Nacional.
La «Operación Kitchen» del PP
El 7 de diciembre de 2018 se ordenó desclasificar documentación sobre la Operación Kitchen, supuestamente diseñada por el Ministerio del Interior en 2013 para sustraer documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas, tal como solicitó la Audiencia Nacional para poder continuar con la instrucción.
El golpe de Pinochet
En septiembre de 2023 el Gobierno decidió desclasificar una serie de documentos relativos al golpe de Estado en Chile de 1973 en un intento de «recuperar la memoria democrática», cuando se cumplía medio siglo de uno de los sucesos más graves en la historia del país latinoamericano.
El espionaje con Pegasus del teléfono del President de la Generalitat
El 16 de enero de 2024 el Gobierno español acordó desclasificar la documentación secreta sobre la intervención del teléfono del Presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, mediante el programa de espionaje Pegasus.
Los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils
La última vez que el Gobierno desclasificó documentos fue el 23 de diciembre de 2024 sobre los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils, aunque los papeles fueron entregados a la comisión del Congreso que investiga esos hechos, es decir, no se hicieron públicos.
Entre ellos figuraban documentos del registro de las visitas que recibió al imán de Ripoll (Girona), Abdelbaki Es Satty, Abdelbaki Es Satty -el supuesto ideólogo de los ataques que falleció en la explosión de chalé de Alcanar (Tarragona) el 16 de agosto de 2017- cuando estuvo ingresado en la cárcel de Castellón.
Ante este escenario, el pasado 22 de julio de 2025, el Consejo de Ministros dio luz verde al Proyecto de Ley de Información Clasificada. El texto, que establece por primera vez la desclasificación automática antes de que se cumpla un plazo máximo de 60 años, pretende sustituir a la franquista Ley de Secretos Oficiales aprobada en 1968.
El texto ya se venía arrastrando desde la pasada legislatura y era un compromiso del Gobierno con el PNV, pero apenas ha podido avanzar en todo este tiempo y, de hecho, desde que la envió al Congreso, el verano pasado, el proyecto no ha avanzado ni un centímetro. Ni siquiera se ha celebrado el debate de totalidad.
En el nuevo proyecto de texto legal, el tiempo máximo de clasificación será de 45 años, prorrogables otros 15 años. Este proyecto también estipula que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación.
Además, el proyecto de Ley introduce un régimen sancionador administrativo para quien desvele información clasificada, con multas que van desde los 30.000 euros en los supuestos menos graves a los 2,5 millones de euros en los más graves. Esta norma se enmarca dentro del Plan de Acción por la Democracia impulsado en septiembre de 2024 por el Gobierno.
Dado que la tramitación parlamentaria de la nueva ley de información clasificada apenas ha podido avanzar desde que fue enviada al Congreso, ante la manifiesta debilidad parlamentaria de la coalición gubernamental, el Gobierno se adelanta y desclasifica ya los documentos del 23-F, 45 años después del intento de golpe de estado, cumpliendo con lo dispuesto en el Proyecto de Ley de Información Clasificada.
