En la noche del 26 de enero se anunció públicamente el impulso de una regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación administrativa irregular en España. Este anuncio no implica la entrada en vigor inmediata de ninguna regularización, sino el inicio del procedimiento para reformar el Reglamento de Extranjería, que deberá tramitarse por la vía urgente.
Desde el punto de vista jurídico, es fundamental aclarar que a día de hoy no existe texto normativo, ni borrador publicado, ni requisitos oficialmente aprobados. El contenido concreto de la regularización no se conocerá en este momento.
Una reforma reglamentaria aún por redactar
Lo que se ha puesto en marcha es el proceso político y técnico para modificar el Reglamento de Extranjería, único instrumento que permitirá articular legalmente esta regularización extraordinaria.
Según la información recibida por distintos medios políticos y sociales, la reforma del Reglamento de Extranjería se tramitará con carácter urgente. No obstante, su aprobación no será inmediata, ya que el procedimiento exige necesariamente la redacción del texto reglamentario, la emisión de los informes técnicos y jurídicos preceptivos y, finalmente, su aprobación formal y publicación oficial. Se trata, por tanto, de un proceso que, aun acelerado, requerirá un margen temporal de semanas o meses hasta que la regularización extraordinaria pueda desplegar efectos jurídicos reales, si bien se apunta como objetivo que la reforma pueda estar aprobada antes del verano.
Líneas que se están apuntando (sin valor aún normativo)
Aunque en este momento no existe todavía una regulación aprobada, se han ido adelantando algunas posibles líneas de trabajo sobre las que podría construirse la futura regularización extraordinaria. Estas referencias deben interpretarse con la máxima cautela, ya que no constituyen requisitos cerrados ni generan derechos exigibles.
Entre los elementos que se están mencionando figura, en primer lugar, la exigencia de una permanencia mínima en España de cinco meses, un umbral sensiblemente inferior al previsto en las figuras ordinarias de arraigo. Asimismo, se apunta a la necesidad de que la persona se encontrara en territorio español con anterioridad al 31 de diciembre, estableciendo así una fecha de corte objetiva.
También se está valorando la posible inclusión de determinados solicitantes de protección internacional, una cuestión especialmente sensible desde el punto de vista jurídico, por su impacto en el sistema de asilo y por la necesidad de garantizar la compatibilidad con la normativa nacional e internacional en la materia. Finalmente, como ocurre en la mayoría de los procedimientos de extranjería, se mantendría la exigencia general de carecer de antecedentes penales.
Todos estos elementos deberán ser confirmados, matizados o descartados cuando se conozca el texto definitivo de la reforma del Reglamento de Extranjería, que será el único instrumento con valor normativo.
Importancia de la prudencia jurídica
En este momento, no puede iniciarse ningún trámite, ni presentarse solicitudes, ni garantizar a ninguna persona que vaya a poder regularizar su situación. Cualquier afirmación en ese sentido carece hoy de respaldo legal.
La experiencia en extranjería aconseja máxima cautela, tanto para evitar fraudes como para no generar expectativas que luego puedan frustrarse.
Hasta que se publique la reforma del Reglamento de Extranjería, el papel de los profesionales del Derecho no es el de tramitar expedientes, sino el de acompañar el proceso con información rigurosa y responsable. En este contexto, resulta esencial ofrecer explicaciones claras a las personas interesadas, desmentir bulos o interpretaciones erróneas que ya están circulando y evitar la generación de expectativas que no cuentan todavía con respaldo normativo.
Al mismo tiempo, la abogacía debe ir preparándose técnicamente para un eventual procedimiento extraordinario, analizando los escenarios posibles y anticipando los criterios que puedan establecerse una vez la norma sea aprobada. Solo desde este enfoque prudente y profesional será posible garantizar seguridad jurídica y una adecuada protección de derechos cuando la regularización entre efectivamente en vigor.
Conclusión
El anuncio realizado en la noche del 26 de enero marca el inicio de una reforma urgente del Reglamento de Extranjería, cuyo objetivo es dar encaje normativo a un proceso extraordinario de regularización. Aunque el contenido concreto de la reforma aún no está definido, se trabaja con el horizonte de que pueda aprobarse antes del verano.
Hasta que esa reforma vea la luz, la regularización extraordinaria no constituye todavía un derecho exigible, sino una expectativa jurídica en construcción. No obstante, se trata de una expectativa real y relevante, que abre una oportunidad inédita para miles de personas y que merece un seguimiento atento, riguroso y responsable por parte de los operadores jurídicos.
Carmen Toro, abogada.
