La reclamación colectiva nº 246/2025 presentada por el European Disability Forum (EDF) y el CERMI contra España por la falta de accesibilidad a la vivienda para personas con discapacidad y personas mayores fue registrada el 6 de mayo de 2025 y declarada admisible por unanimidad por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) el 15 de octubre de 2025. La citada reclamación denuncia que la normativa, las políticas públicas y las prácticas administrativas vigentes en España en materia de accesibilidad a la vivienda vulneran los derechos reconocidos en la Carta Social Europea Revisada.
Durante la 351ª sesión del Comité, el 15 de octubre de 2025, declara por unanimidad admisible la queja presentada por el EDF (Foro Europeo de la Discapacidad) y el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) contra el Reino de España.
La reclamación sostiene que el Estado español no ha adoptado medidas legislativas, administrativas y financieras efectivas y coordinadas para garantizar la accesibilidad universal de las viviendas, especialmente en los edificios residenciales ya existentes sujetos a la Ley de Propiedad Horizontal, lo que constituye una forma de discriminación indirecta hacia las personas con discapacidad, las personas mayores y quienes viven o están en riesgo de pobreza y exclusión social.
El Comité Europeo de Derechos Sociales ha considerado que la reclamación cumple todos los requisitos formales previstos en el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, confirmando la legitimación del EDF y del CERMI para presentar la queja.
De acuerdo con las estadísticas disponibles, aproximadamente 2 millones de personas en España requieren asistencia para acceder a su vivienda, mientras que unas 100.000 personas no pueden abandonar sus propios domicilios a causa de la falta de infraestructuras. Otros medios, como Cinco Días, informan de que cerca de un millón de personas con discapacidad (el 22%) han tenido que realizar adaptaciones en sus viviendas para facilitar la accesibilidad y otros 285.000 individuos con discapacidad (el 6,6%) se han tenido que cambiar de vivienda por motivo de su discapacidad.
A pesar de los avances legislativos y las líneas de ayudas públicas, las barreras arquitectónicas continúan siendo un factor determinante de exclusión. La realidad socioeconómica de los afectados agrava esta situación: la capacidad de financiar la construcción de estas infraestructuras −como ascensores, rampas, entre otros ejemplos− suele depender de fondos privados, lo que marca una diferencia económica en el disfrute de derechos fundamentales. En cambio, las ayudas públicas solo alcanzan al 10% de las comunidades que deciden llevar a cabo las obras planteadas, según informa el Servicio de Información sobre Discapacidad.
El sistema de Quejas Colectivas de la Carta Social Europea —herramienta todavía poco conocida en España— constituye una vía esencial de participación ciudadana, que permite trasladar situaciones de vulneración de derechos sociales a órganos especializados del Consejo de Europa, especialmente cuando las respuestas institucionales a nivel interno se muestran insuficientes o ineficaces. Concretamente, este procedimiento está disponible en España desde que se ratificó el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el año 2021. Por su parte, España firmó en el año 2000 la Carta Social Europea, por lo que estaría obligada a respetar y promover los derechos fundamentales allí recogidos.
El CEDS está compuesto de 15 miembros independientes e imparciales, elegidos por el Comité de Ministros del Consejo de Europa por un período de 6 años, renovable una única vez y tiene como función principal determinar si la legislación nacional y las prácticas en los Estados parte son o no son conformes con la Carta Social Europea.
La reclamación colectiva contra España fue presentada por el Foro Europeo de la Discapacidad a instancias del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ya que solo están legitimadas para hacerlo aquellas organizaciones sociales de ámbito europeo.
El objetivo del CERMI fue utilizar esta vía de litigación internacional para mejorar la legislación y las políticas de vivienda en esferas críticas para las personas con discapacidad y personas mayores como la accesibilidad universal y la reclamación se presentó por no asegurar nuestro país el derecho a una vivienda adecuada en el caso de las personas con discapacidad.
